HERNANDO DE SOTO

UN SHOCK DE INVERSIÓN Y TRABAJO

Sin tocar tus ahorros, sin endeudar al país y sin expropiar a nadie.

Queridos compatriotas, como los candidatos a la presidencia de la República somos muchos, debe ser difícil distinguir unos de otros, saber si cada cual tiene claro hacia dónde quiere llevarnos, si es coherente, si tiene la capacidad de cumplir lo que promete y quiénes entre nosotros tenemos los conocimientos y sabemos batallar en situaciones de sobresaltos y grandes cambios.

En otras palabras, no estamos para aventuras. Por eso, en un espíritu de transparencia, si bien espero que me den su apoyo y me acompañen en esta elección, no pido que me den su confianza a ciegas. Quiero exponer los cuatro objetivos que voy a perseguir de ser elegido a la Presidencia, cómo haría para alcanzarlos y quienes me acompañarían en este empeño para que llegado el 11 de abril puedan tomar una decisión informada.

Mi primer y más importante objetivo es unificar al país conciliando los intereses de las clases en conflicto.

Lo que la pandemia del Covid-19 y la recesión económica subsecuente me han confirmado, es que la razón por la cual el Estado no ha podido tomar decisiones oportunas para enfrentar ambos problemas es porque en el país coexisten dos sistemas legales permanentemente enfrentados: en una orilla están los sectores AB, los empresarios, los más prósperos, y, en la otra los sectores CDE, también llamados informales, cada uno con sus propios registros.

Por sistema legal me refiero al conjunto de leyes, tratados y normas en general que favorecen a los sectores AB y CDE respectivamente.

Por registros, me refiero a los documentos donde está registrada y categorizada la información. Los títulos o certificados que nos permiten saber quién tiene derecho sobre qué, inferir el valor de las cosas y dónde están establecidas las normas que regulan cómo estas pueden ser usadas, negociadas y combinadas. Para Karl Marx, los registros eran los lugares donde se ubican “los lazos esenciales y relaciones”, y para el banquero francés Charles Coquelin son los lugares “donde los filamentos invisibles de la inteligencia social se conectan”.

Ilustración de The Wall Street Journal sobre el Plan de Soto.

El sistema legal AB es parte del Consenso de Washington, cuyo fin es proteger la inversión y los intercambios globales. Obedece a 3,300 convenios y tratados suscritos por la mano derecha de Estados como el Perú, que proveen a los sectores AB 104 registros formales reconocidos globalmente que les otorgan varios derechos que los CDE no tienen. De estos, los más importantes son el derecho a usar sus activos, reputaciones y empresas como garantía para obtener financiamiento, para representar los activos en bonos o acciones, compartir la propiedad y ceder parte de ella para conseguir inversión sin dividir físicamente la propiedad.

También el derecho a utilizar esos activos como garantía para financiar servicios públicos tales como energía, agua del caño en lugar de cisterna y desagüe, o para usarlos como credenciales con fines comerciales, judiciales o civiles.

Igualmente, el derecho de constituir empresas y emplear a personas que no son necesariamente parte de círculos familiares. Asimismo, el derecho a ser protegidos por la responsabilidad limitada y de blindar a su familia o su comunidad de pérdidas dramáticas. Y, por último, a separar los derechos colectivos de los individuales, de manera que los primeros no respondan por las deudas de los últimos.

El sistema legal del sector CDE, en cambio, es parte del Consenso por la Globalización Justa, que obedece a centenares de convenios y tratados suscritos por el Estado peruano con la mano izquierda, cuyo propósito es “acabar con las desigualdades de la pobreza”, y que legitima los 17,500 registros gobernados por lo que los mismos CDE llaman “derecho imperfecto.” Este consenso provee a los CDE armas esencialmente políticas lo suficientemente poderosas como para bloquear cualquier proyecto en el área de su dominio, que han sido incorporadas en 1,469 normas nacionales: leyes, decretos legislativos, decretos supremos, resoluciones ministeriales y decisiones administrativas, precedentes producidos por el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema.

Para darse cuenta de cómo el enfrentamiento entre los dos sistemas las clases, AB y CDE, agudiza dramáticamente los efectos de la pandemia sobre nuestra salud y economía, no hace falta leer los centenares de páginas que fundamentan nuestro plan de gobierno. Basta ver en la prensa cada día los crecientes enfrentamientos entre las clases AB y CDE, entre agroexportadores y jornaleros y campesinos; entre fuerzas del orden y ambulantes de Gamarra y jóvenes NiNis (que ni estudian ni trabajan); entre MYPES y financieras; entre petroleros y nativos; entre campesinos, mineros de socavón y grandes empresas extractivas.

Como el Estado no es consciente de la existencia de los consensos paralelos de Washington y de La Globalización Justa, le es imposible identificar los intereses de los CDE y conciliarlos con los de AB. Delega los problemas de los sectores CDE a la policía o los municipios, donde nunca podrán ser resueltos porque, como dirían tanto Karl Marx como Adam Smith, lo que fundamentalmente genera el enfrentamiento entre AB y CDE es que los primeros pueden formar capital y los últimos no.

Esa diferencia origina que los CDE se sientan alienados y, a medida que la recesión destruye sus empleos, empresas y ahorros, se vuelvan cada vez más beligerantes, mientras los líderes AB presentan propuestas cada vez más autoritarias. Todo lo cual ha llegado a un punto de inflexión tal que, si no comenzamos a crear riqueza, cerrar la brecha entre AB y CDE y restablecer pronto la autoridad del Estado, nuestro país seguirá cuesta abajo y podríamos terminar en una situación incluso peor que la venezolana.

Ese es el problema de fondo que vamos a resolver, los sectores CDE también deben crear capital y el estado los apoyará con políticas públicas inmediatas.

Mi segundo y más urgente objetivo es rápidamente enriquecer al país creando capital.

Por eso la primera prioridad de nuestro plan es, a partir del 28 de julio, si somos favorecidos con sus votos, arrancar inmediatamente nuestro agresivo programa para generar rápidamente un capital de 37 mil millones de dólares que irá a los bolsillos de los peruanos como propiedad -no a los del Estado-,y no como una dádiva o un canon que el Estado reparte.

Este capital es 12 veces mayor que el presupuesto del plan de reactivación del Estado peruano. Y podemos hacerlo sin tocar tus ahorros, sin endeudar al país y sin expropiar a nadie. En los dos primeros años, esto permitirá crear 150 mil nuevos puestos de trabajo.

¿Cómo lo haremos?

desbloqueando alrededor de un billón de dólares (un millón de millones) en recursos que ya se encuentran probados, mapeados y listos.

Para nosotros es relativamente sencillo hacerlo porque sabemos que la creación de capital es el resultado de una cadena invisible de certificaciones que en cada caso conectar la validez de los títulos, autorizaciones, concesiones y licencias registradas con los requerimientos documentales de los mercados de capital. Y sabemos a qué atajos hay que recurrir para capitalizar a los que ya están mapeados y listos para conectarse con los mercados financieros, tales como los siguientes tres:

Ilustración de The Economist sobre el Plan de Soto.

1. RECURSOS RENOVABLES Y

NO RENOVABLES

Pondremos en valor 961 mil millones de dólares en minerales probados y probables que poseen tanto los formales como los informales que hoy son “capital muerto” porque no pueden ser financiados.

En un primer extremo está el caso de los recursos del subsuelo que han sido concesionados a empresas extractivas “formales”, muchas de las cuales están siendo bloqueadas por campesinos y mineros artesanales “informales” que son dueños de la superficie justo encima de esas concesiones y quienes se resisten a conceder a dichas empresas las certificaciones (conocidas como “licencia social”) que estas necesitan para acreditarse en las bolsas de valores.

En un segundo extremo están los campesinos que viven de la explotación de recursos agrícolas renovables en áreas mineras que son renuentes a otorgar la “licencia social” a las empresas extractivas porque se sienten alienados, ya que sus derechos no están certificados de manera tal que sus actividades agrícolas puedan ser financiadas en los mercados de capital al igual que las mineras.

En un tercer extremo está el caso de los recursos controlados por mineros informales cuyo potencial de crear riqueza sustancial está bloqueado porque las distintas autorizaciones excepcionales que les permiten operar no están certificadas de manera que puedan ser censadas, recibir concesiones y negociar dentro de la ley con titulares sin que nadie sea expropiado, comercializar lo que producen y acreditarse en mercados financieros.

Hay por supuesto otros casos que no hemos cuantificado todavía. Ninguno será insoluble, sin embargo, pues nuestros protocolos pueden conectar sistemáticamente a través de una cadena de certificaciones, cualquier actividad legítima realizada en los terrenos de los CDE con los mercados de los AB.

Es un hecho que las amenazas como las pandemias traen no solo crisis, sino que también puede acelerar el desarrollo económico, tecnológico y social. Un ejemplo es la gripe española que apareció en 1918. Duró hasta la gran depresión de 1930 y mató a unos 30 millones de personas. ¡Trágico! Pero mirando más lejos, durante la década de los 30 EE. UU. creció mucho más que en los años previos debido, entre otras cosas, a dos grandes innovaciones que permitieron la aplicación de la electricidad a la manufactura y la utilización de motores de combustión interna para impulsar la fabricación de vehículos.

¿Y qué tiene esto que ver con el panorama peruano que enfrentamos?

Mucho. Ahora que nos vemos obligados a aislarnos vamos a depender más de la tecnología, del teletrabajo, la teleeducación y la telemedicina para diagnosticar y monitorear a distancia. Para todas esas “teles” son indispensables nuestros recursos naturales, ya sea el cobre que inactiva bacterias y virus, el litio sin el cual no hay baterías para los carros eléctricos, la plata o las tierras raras sin las cuales no funcionan ni las computadoras ni los paneles solares, el uranio y el oro que seguirá siendo un refugio financiero. Por ello vamos a utilizar nuestros conocimientos y contactos para desbloquear lo conocido y abrir esta nueva frontera.

2. Activos urbanos de los sectores CDE para garantizar mejores condiciones de crédito y formar su capital propio.

Estos tienen un valor total de 83 mil millones de dólares. Incluyen viviendas y predios con un valor de 74 mil millones de dólares; taxis, microbuses, colectivos, mototaxis informales con un valor de 3,500 millones de dólares; y dos millones trescientas mil MYPES con activos por valor de 5 mil millones de dólares que generan 45 mil millones de dólares de ingresos anuales.

El potencial de los titulares de estos activos para garantizar mejores condiciones de crédito -sin ponerle topes a nadie- y ampliar sus posibilidades de formar capital está, sin embargo, bloqueado.

Mi gobierno los desbloqueará dándoles les dará certificaciones necesarias para fusionarse, integrar cadenas productivas, asociarse con gente talentosa que no son parte de su familia, llevar una contabilidad formal, bajar los costos de abrir cuentas y limitar responsabilidades para tomar riesgos razonables

3. Compras estatales de la producción de las MYPES.

En el primer semestre mi gobierno intentará completar los ajustes necesarios para que el Estado adquiera el 40 por ciento de sus bienes y servicios a las MYPEs, según dispone la Ley 28015.

Para ello, veremos que el Estado publique oportunamente la información de lo que comprará y en qué fechas lo hará para que las MYPEs tengan tiempo de prepararse. Y lo mismo para desregular normas, expedientes técnicos, especificaciones y documentos de licitaciones que obstaculizan estas compras. Esto crearía un mercado para las MYPES peruanas de alrededor de 5 mil millones de dólares anuales.

Mi tercer objetivo es lograr que el modelo económico sea inclusivo, otorgando a los CDE las 7 certificaciones que les faltan para beneficiarse del modelo y abandonar el populismo.

En base a la información que hemos recogido sabemos que los 500 líderes de los gremios CDE que se han plegado a nosotros mediante el Pacto Social, y los dirigentes de los 17,500 registros de “derecho imperfecto”, quieren en su mayoría cumplir las siete condiciones que requieren para operar a escala nacional y global y acceder al crédito y al capital.

Sabemos que esto es posible por nuestras consultas y trabajos con las empresas certificadoras -notarías, aseguradoras, emisoras de seguros y de seguro de títulos, emisores de certificados, suscriptores, estudios de abogados y titulizadores. Sabemos que esta cadena de certificaciones existe, que todas esas empresas son inadvertidamente eslabones de esta cadena, y que lo único que falta es que el Estado retire las trabas, la haga reconocible, y las aliente para permitirles:

LOS SIETE CERTIFICADOS

  1. Certificar la ubicación de los recursos, la identificación de los propietarios y la existencia de normas y autoridades locales que determinen la validez y ejecutabilidad de los títulos;
  2. Certificar que las normas existentes permitan que los títulos puedan servir como garantía para levantar capital en una jurisdicción determinada;
  3. Certificar que los titulares tengan o estén preparados para adoptar una forma de organización empresarial que les permita ser reconocidos y protegidos en el mercado global;
  4. Certificar que las normas existentes permitan que esos propietarios adopten mecanismos empresariales para limitar su responsabilidad, de manera que puedan protegerse de las decisiones que se adopten contra sus intereses personales;
  5. Certificar que las leyes existentes también les permitan elegir con quiénes se asocian y adquirir propiedad vía acciones y participaciones, de manera que puedan apropiarse de la plusvalía y convertirse en propietarios de industrias de alta productividad y gran escala;
  6. Certificar que los títulos cumplan con las normas locales que gobiernan la formación del capital; y
  7. Certificar que los títulos cumplan con las reglas, enmiendas, prácticas, interpretaciones y prohibiciones que rigen los mercados financieros globales, incluyendo normas tales como las leyes antifraude del mercado de valores, convenciones internacionales para una globalización justa, los acuerdos de libre comercio y los tratados de inversión.


Hernando De Soto. Coordinador del equipo de gobernabilidad.

Director gerente de una de las CIAS más importantes de Europa, presidente de la CE de CIPEC y economista del GATT, reconocido por varias instituciones chinas, estadounidenses y europeas como uno de los principales innovadores del último siglo.

Estas siete certificaciones refuerzan y expanden los derechos contenidos en los títulos, licencias, concesiones y empadronamientos que se originan en las instituciones de los sectores AB y CDE, agregándoles las salvaguardas que requieren los mercados financieros para prevenir el fraude. Una vez que las certificaciones y las salvaguardas han sido empaquetadas en un legajo, el emisor de una inversión puede ingresarlo por la ventanilla de entrada de un banco como una garantía, y dicho banco estaría en libertad de acreditarlo como activo. El banco puede, entonces, emitir dinero a través de su ventanilla de salida, registrándolo en sus libros como un pasivo.

Para mi gobierno la unificación de los registros es el punto de entrada del flujo de conocimientos que permitirá proteger al Perú, de todas las sangres y culturas, de los abusos de los inescrupulosos y, simultáneamente, convertirnos en una nación civilizada cuyos ciudadanos pueden interactuar libremente entre sí y con el resto del mundo sin necesidad de formar argollas o ser víctimas de “brokers” culturales.

Como Karl Marx y Adam Smith hubiesen reconocido si estuvieran vivos, los peruanos extraerían de la tierra finalmente no solo papas y oro, sino también capital.

En verdad nada de esto es nuevo: todos los países desarrollados han recorrido inadvertidamente este camino. Así lo hicieron en EE.UU. para domesticar el “Salvaje Oeste” y resolver los conflictos de la Fiebre del Oro en California; en Europa, para recoger las piezas del orden feudal desmoronado; en Asia, para reensamblar al Japón luego de la Segunda Guerra Mundial; y, posteriormente, para unificar el Este y el Oeste de Europa luego de la caída del Muro de Berlín.

Así se suponía que lo iba hacer el Perú con COFOPRI -que nosotros del ILD ideamos y diseñamos- pero desgraciadamente prevaleció el monstruoso mito que los títulos de propiedad bastarían para generar capital.

En resumen, el modelo económico no es el problema, lo que le falta es que sea inclusivo. Y nosotros sabemos cómo hacerlo en el próximo gobierno.

El cuarto objetivo es dotar a los peruanos de los mecanismos que les permitan hacerse escuchar, participar en las decisiones del gobierno y pedir que se les rindan cuentas

No es casualidad que casi todas las sociedades exitosas del mundo tengan, de una forma u otra, los mismos mecanismos. Implícitamente, esto quiere decir que su democracia, a diferencia de la nuestra, no se limita a tener elecciones de vez en cuando, sino que recoge continuamente la voluntad ciudadana de una ciudadanía debidamente informada de los actos de gobierno.

Por ello, antes de concluir el segundo año de mi mandato, los peruanos tendremos derechos efectivos a:

  1. Evitar ser sorprendidos con normas arbitrarias, imprevisibles e ineficientes, conociendo el contenido de las normas antes de que el Poder Ejecutivo-y, más adelante, otras entidades del Estado- las pongan en vigencia;
  2. Conocer los fundamentos técnico-económicos de las normas antes de ser promulgadas;
  3. Opinar sobre cada norma antes de su puesta en vigencia mediante canales constituidos a través de los medios de comunicación;
  4. Opinar directamente ante el Poder Ejecutivo mediante la remisión de comentarios escritos o la participación en audiencias públicas sobre las normas que los funcionarios pretenden poner en vigencia;
  5. Conocer, al momento de publicarse la norma finalmente adoptada, la razón por la cual los funcionarios recogieron o descartaron las opiniones de los ciudadanos;
  6. Ejercer el derecho de petición, pudiendo presentar al Poder Ejecutivo propuestas de normas o políticas a adoptarse y de esta manera mejor servir a nuestros niños, a los jóvenes de cuya energía depende la construcción del futuro del país y de los adultos mayores, cuya sabiduría es indispensable.
  7. Identificar a los funcionarios públicos encargados de la elaboración de las normas y la toma de decisiones;
  8. Poner en verdadera vigencia el silencio administrativo de modo que toda solicitud sea considerada favorablemente resuelta si la entidad no se pronuncia respecto de ella en un plazo prudencial; y
  9. Participar en consultas populares que permitan que un número determinado de ciudadanos pueda promover la votación, a nivel nacional, regional o local de sus iniciativas.

LA ESTRATEGIA DE LOS CUATRO OBJETIVOS

Con estos cuatro objetivos vamos a poder resolver los problemas que enfrenta el Perú en base a la opinión y los intereses del pueblo en lugar de los que provienen de la partidocracia y los lobbies que hoy proliferan.

No seremos amedrentados o vetados ni por la comunidad internacional anti empresarial, anti minera y anti global que a veces utiliza indebida y abusivamente las armas del Consenso por la Globalización Justa, ni por la comunidad internacional que en ocasiones utiliza excluyentemente las armas del Consenso de Washington. Porque, a diferencia del actual gobierno y sus predecesores, conocemos bien los dos consensos al anverso y al reverso y sabemos cómo conciliarlos y satisfacer a ambas comunidades.

Esto nos permitirá liberar a las empresas AB que hoy están maniatadas por trámites y normas absurdas que las limitan a dar empleo solo a uno de cada cuatro peruanos, y empoderar a las pequeñas empresas con las siete certificaciones que les faltan para aumentar su productividad, formar capital y prosperar. Cuando tengamos éxito, el Estado peruano habrá recuperado su plena soberanía.

Para que estos cuatro objetivos -unir, enriquecer, despopulizar y democratizar las decisiones del gobierno- se apliquen en cada sector de gobierno, contamos con un equipo de ilustres peruanos universalmente conocidos por haber resuelto graves problemas en tiempos tempestuosos y cambiantes y que han probado ir siempre más allá del conocimiento convencional.

El hecho de que los ilustres peruanos que me acompañan provengan de distintas canteras puede indicarle al elector que mis principios democráticos son auténticos, que mi gobierno no será intolerante, que estoy dispuesto a escuchar a todos porque mi curiosidad es inagotable, y que me importa menos de dónde proviene la gente que hacia dónde va.

Un abrazo a todos mis compatriotas

Hernando de Soto